Monterrey, México.- Las organizaciones y personas firmantes condenamos enérgicamente el acto de intimidación denunciado hoy por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC): una persona integrante de su equipo, encontró afuera de su domicilio un gato sin vida con flores, en un contexto de señalamientos públicos por irregularidades de autoridades estatales y tras la entrega de más de 38 mil firmas para exigir una respuesta clara del gobernador ante el asesinato del niño Ángel Moreno, bajo custodia del DIF Nuevo León.
Este hecho no es "aislado" ni "simbólico": es un mensaje dirigido a inhibir la denuncia pública, el acompañamiento a víctimas y el escrutinio ciudadano. En términos de derechos humanos, hablamos de una agresión intimidatoria que amenaza la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. La protección a las y los defensores no es opcional: la Comisión Interamericana (CIDH) ha reiterado que esta labor "solo puede ejercerse libremente cuando las personas defensoras no son víctimas de amenazas" y que los Estados deben prevenir y proteger frente a estos riesgos.
El caso de Ángel Moreno ha sido documentado por organismos públicos de derechos humanos, incluyendo la Recomendación 01VG/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Recomendación 148/2025 de la CNDH.
Cuando niñas, niños y adolescentes están bajo custodia del Estado, el deber de garantía se intensifica: la Corte Interamericana ha establecido que, conforme al artículo 19 de la Convención Americana, el Estado está obligado a adoptar "medidas especiales de protección" para resguardar el interés superior y atender la vulnerabilidad específica de niñas y niños.
Por ello, amedrentar a quienes exigen verdad, justicia y no repetición en un caso de niñez institucionalizada no sólo no se agrede a un individuo o se vulnera a CADHAC: se intenta afectar una causa colectiva, obstruye el acceso a la justicia de las víctimas y la confianza pública en las instituciones; por ello ahora es momento para que toda la ciudadanía exijamos protección para defensores y #JusticiaParaAngel.
Ante estos hechos, exigimos acciones inmediatas y verificables a las siguientes autoridades:
A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL):
1. Iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo como hipótesis principal la posible relación de estos hechos con la labor de defensa de derechos humanos de CADHAC. La Corte Interamericana ha señalado que, ante el conocimiento de un hecho, las autoridades deben "iniciar un oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva".
2. Realizar actos de investigación con debida diligencia, que incluyan la preservación de indicios, la revisión de cámaras públicas y privadas cercanas, el análisis de patrones y la georreferenciación de incidentes. Asimismo, se debe informar periódicamente a las víctimas y a la ciudadanía sobre los avances, sin comprometer el desarrollo de la investigación.
3. Garantizar la adopción de medidas de protección con enfoque de riesgo, priorizando la confidencialidad, la no revictimización y la protección de datos personales, evitando cualquier acción intrusiva o que pueda incrementar la exposición de la persona afectada o de la organización.
Al Gobernador del Estado de Nuevo León:
1. Pronunciarse pública e inmediatamente para rechazar y condenar este acto intimidatorio, reconociendo explícitamente la legitimidad y el valor del trabajo de CADHAC y de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. El silencio institucional también comunica tolerancia.
2. Asumir su responsabilidad como máxima autoridad del Ejecutivo estatal para garantizar condiciones seguras para la labor de las personas defensoras, instruyendo a su gabinete una política de cero estigmatización y de cooperación plena con las investigaciones de la Fiscalía.
3. Comunicar públicamente la aceptación de la Recomendación 148/2025 de la CNDH como base para impulsar cambios estructurales que prevengan nuevas muertes infantiles, y ordenar la actualización de los mecanismos de protección a la niñez bajo custodia del Estado, con garantías de no repetición.
Al Congreso del Estado de Nuevo León:
1. Crear una comisión especial de acompañamiento para dar seguimiento puntual a las investigaciones por el homicidio del niño con discapacidad Ángel Moreno y otros casos denunciados al interior del DIF Nuevo León, así como para supervisar el cumplimiento de la Recomendación 148/2025 de la CNDH.
2. Actualizar el marco normativo estatal conforme a los estándares internacionales sobre cuidados alternativos de niñez, iniciando con la convocatoria a un parlamento abierto que permita analizar y dictaminar la iniciativa de reforma conocida como "Ley Ángel".La protección efectiva de las personas defensoras exige el cese de la estigmatización, la investigación efectiva de los hechos y la garantía de condiciones seguras para su labor, sin vulnerar su privacidad ni aumentar su exposición al riesgo.
Invitamos a la ciudadanía a no normalizar estas agresiones como forma de silenciamiento. Defender los derechos humanos —incluidos los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia institucional— es esencial para la democracia.
Hoy nos corresponde demostrar que las y los defensores no están solas, ni solos. La defensa de derechos se sostiene en comunidad, con redes de apoyo, vigilancia pública y memoria colectiva.
