Agencia de Noticias 3er Sector
Monterrey, México.- La certeza jurídica, la atención oportuna y la agilización de trámites deben estar garantizadas para todas las personas y empresas, independientemente de su participación en programas de colaboración con el Gobierno, señaló el Consejo Cívico de Nuevo León, al pronunciarse sobre la institucionalización de “Ponte Nuevo”.
La organización reconoció el valor de la colaboración entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para atender los retos del estado, pero consideró necesario precisar el alcance del esquema anunciado por el Gobierno de Nuevo León, particularmente ante la posibilidad de otorgar beneficios diferenciados a las empresas que participan en el programa.
El Gobierno estatal informó el pasado 21 de agosto que “Ponte Nuevo”, iniciativa que surgió durante el Mundial 2026 para impulsar proyectos de transformación urbana y social, será institucionalizado mediante un decreto del Ejecutivo como un esquema permanente de colaboración entre Gobierno e iniciativa privada.
De acuerdo con el boletín oficial, 106 empresas participaron en la iniciativa y aportaron más de 350 millones de pesos, mientras que el Gobierno busca ampliar el modelo hasta concentrar hasta mil millones de pesos anuales de inversión privada, adicionales a recursos públicos, para proyectos relacionados con seguridad, movilidad, agua, calidad del aire y espacios públicos.
Gobierno plantea beneficios a empresas participantes
El propio boletín del Gobierno de Nuevo León establece que, para mantener la participación empresarial y atraer a más compañías, la administración estatal busca ofrecer “beneficios concretos a cambio de su colaboración”.
Entre esos beneficios, el documento oficial menciona “un trato preferencial y acompañamiento para agilizar trámites y permisos estatales”, además de un esquema de “cero clausuras” y atención directa para que las compañías puedan denunciar posibles actos de corrupción o retrasos injustificados y recibir una respuesta inmediata.
El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda también llamó a las empresas participantes a sumar a más compañías al programa.
“Gracias por el apoyo, espero que hoy que somos 106 me ayuden a invitar más porque entre más, más lana, más proyectos y más unidad”, expresó el mandatario estatal.
El boletín señala además que la institucionalización de “Ponte Nuevo” busca que las empresas que ya participan continúen aportando recursos y que más compañías se incorporen al esquema.
El gobernador planteó que el programa sea formalizado mediante decreto y afirmó:
“Tenemos que institucionalizar Ponte Nuevo. Me queda 1 año, 3 meses de gobierno, es suficiente tiempo. Una política pública se puede reglamentar vía decreto del Ejecutivo. Queremos su apoyo para institucionalizar en un decreto ‘Ponte Nuevo’”.
Consejo Cívico cuestiona que la eficiencia dependa de participar en un programa
Ante este planteamiento, el Consejo Cívico sostuvo que la colaboración entre Gobierno e iniciativa privada es positiva y necesaria, pero no debería generar un acceso diferenciado a derechos, servicios o condiciones básicas de interacción con las autoridades.
En Nuevo León, señaló, empresas, cámaras, organizaciones y ciudadanía han contribuido históricamente al desarrollo colectivo y esa corresponsabilidad no debería estar condicionada a recibir un trato especial por parte del Gobierno.
“Un Estado que funciona bien —que agiliza trámites, que no tolera el cohecho, que atiende con oportunidad— debe serlo para todas las personas, no solo para quienes participan en un programa”, planteó el organismo.
El Consejo Cívico consideró particularmente importante que el alcance de los beneficios anunciados quede claramente definido antes de que sean formalizados mediante un decreto del Ejecutivo estatal.
La preocupación central, explicó, no está en la colaboración público-privada como tal, sino en evitar que mecanismos como la agilización de trámites, la atención ante posibles actos de corrupción o la certeza jurídica se conviertan en ventajas reservadas para quienes realizan aportaciones económicas o participan en una iniciativa gubernamental.
“Certeza jurídica” sin condiciones
Para el Consejo Cívico, un gobierno eficiente debe garantizar que cualquier persona o empresa pueda realizar trámites ante las autoridades bajo reglas claras, transparentes y equitativas.
Por ello, hizo un llamado al Gobierno de Nuevo León a eliminar las barreras que enfrentan las personas y empresas en su interacción con las autoridades, así como a garantizar que la agilización de trámites, el combate a la corrupción y la certeza jurídica beneficien a todas y todos por igual.
El organismo pidió que el acceso a estos mecanismos no quede condicionado a la participación en “Ponte Nuevo” ni a aportaciones económicas.
La postura del Consejo Cívico adquiere relevancia porque el propio Gobierno estatal plantea que “Ponte Nuevo” se convierta en una política pública permanente y que continúe más allá de la actual administración.
Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, destacó en el anuncio oficial que el objetivo es que el programa tenga continuidad independientemente de quién gobierne el estado.
“El camino para lograr que Ponte Nuevo se convierta en un legado para el Nuevo León es institucionalizarlo. Convertir Ponte Nuevo en una política pública permanente, extender sus alcances y llevarlos al máximo”, afirmó.
Rodríguez Cantú añadió que el programa debe contar con una estructura que permita que, sin importar el gobierno o gobernador en turno, “Ponte Nuevo siga siendo transparente y útil para las personas”.
El debate: colaboración sí, privilegios no
El Consejo Cívico reconoció que los resultados reportados por “Ponte Nuevo” muestran la capacidad de coordinación entre Gobierno e iniciativa privada. El boletín estatal señala que, además de los recursos aportados, se pusieron en marcha 310 iniciativas relacionadas con mejoramiento de imagen urbana, desarrollo social, movilidad sostenible y recuperación de espacios públicos.
Sin embargo, para el organismo ciudadano, la participación empresarial debe contribuir a mejorar las condiciones generales del estado sin convertirse en una vía para obtener un trato distinto frente a las autoridades.
La discusión, por tanto, no se centra en si Gobierno y empresas deben colaborar, sino en si los beneficios derivados de esa colaboración deben traducirse en mejores servicios públicos para toda la sociedad o en ventajas particulares para quienes participan en el programa.
“Esa corresponsabilidad es parte de lo que nos define como comunidad y no debería requerir un trato diferenciado a cambio”, señaló el Consejo Cívico.
El organismo concluyó que Nuevo León necesita un gobierno que funcione con eficiencia, transparencia y legalidad para todas las personas.
“Nuestro estado merece un gobierno que funcione bien y en igualdad de condiciones para todas las personas”, sostuvo.
