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AMLO, Gobernadores y Gobernadoras deben garantizar el derecho al empleo a Pcd

Opinión
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En NL, Samuel García Sepúlveda, propone lograr el empleo pleno y productivo para los grupos prioritarios

Por Reyes Ramiro Gamez Barboza

Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- Es interesante que el pasado 25 de junio, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso de incrementar el monto de la pensión no contributiva para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, incluso los nuevos Gobernadores y  las nuevas Gobernadoras, participarán en la aportación de ese incremento.

“Lo mismo, se va a continuar con el programa de apoyo con pensión a niñas y niños con discapacidad. Y estoy hablando ya con los nuevos gobernadores, mujeres y hombres, que van a gobernar ahora con los cambios en los estados para que el programa de la pensión a niñas y a niños con discapacidad se amplíe, nada más que lo vamos a hacer a alimón, es decir, vamos a ponernos de acuerdo para que el 50 por ciento adicional lo aporte el estado y el otro 50 por ciento lo aporte la federación”, señaló el Presidente de México en su visita a Mexicali, Baja California.

Claro que es importante que el Estado procure la protección social de los menores, adolescentes y jóvenes con discapacidad, sobre todo cuando son integrantes de familias que viven en situaciones de pobreza, que los ingresos del padre y la madre trabajadora no son suficientes para la alimentación, educación, salud.

Sin embargo, es prioritario que el Presidente de México junto con los 32 Gobernadores y Gobernadoras, también se pongan a trabajar en el diseño y planeación de políticas públicas que apoyen el desarrollo de los adultos con discapacidad.

El Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019. La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dar efectividad a los derechos humanos, es preciso contar con medidas eficaces de protección social que protejan a las personas con discapacidad, promuevan su autonomía y su acceso a un trabajo decente.

Las estimaciones de la OIT sobre la cobertura efectiva indican que, a nivel mundial, el 27,8 por ciento de las personas con discapacidad severa percibe una prestación, si bien se observan grandes diferencias de una región a otra: mientras que en Europa Oriental la cobertura parece ser prácticamente universal, las estimaciones regionales sobre Asia y el Pacífico indican que solo un 9,4 por ciento goza de cobertura efectiva.

En el informe se destaca que los sistemas de protección social inclusivos en materia de discapacidad garantizan el acceso efectivo a los regímenes generales a las personas con discapacidad, en combinación con prestaciones específicas y servicios de apoyo para atender a sus necesidades concretas.

La OIT menciona que la protección social universal de las personas con discapacidad se ha logrado en Brasil, Chile, Mongolia y Uruguay. Países como Kirguistán, Nepal y Sudáfrica están avanzando en la extensión de las prestaciones de discapacidad, pero alerta que otros están recortando, en el marco de una política de consolidación fiscal, las prestaciones universales de discapacidad basadas en los derechos, focalizando las prestaciones exclusivamente en los pobres y dejando sin apoyo a muchas personas con discapacidad.

La OIT agrega que las prestaciones de discapacidad deberían diseñarse de modo tal que favorecieran la participación activa de las personas con discapacidad en la educación, el empleo y la sociedad en su conjunto. Esto puede lograrse mediante la garantía de que las prestaciones monetarias y en especie cubran los costos relacionados con la discapacidad y propicien la participación de estas personas en el empleo asalariado.

La OIT enfatiza que los Estados son responsables no solo de garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad a la protección social, sino también de promover su autonomía económica y su participación activa en el mercado de trabajo. Ningún país puede cumplir con los ODS si no cuenta con una protección efectiva para las personas con discapacidad y con medidas de promoción eficaces.

Las personas con discapacidad están expuestas a varios riesgos a lo largo del ciclo de vida. Los niños corren un alto riesgo de verse excluidos de la sociedad, en particular del sistema de enseñanza general, debido a la estigmatización, las prácticas de las instituciones especiales o la falta de servicios de apoyo, y a menudo están expuestos a situaciones de violencia. Esas prácticas de exclusión obstaculizan su desarrollo y pueden agravar incluso más las desventajas que acumulan, en particular en relación con la educación, el desarrollo de competencias y su capacidad para participar en el empleo en etapas posteriores de la vida. Las personas con discapacidad en edad de trabajar corren mayor riesgo de desempleo, subempleo y empleo informal y ello suele limitar su acceso al trabajo decente y a unos ingresos estables, así como su capacidad para llevar una vida independiente. La prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad, lo que deriva en una proporción elevada de personas de edad con discapacidad, particularmente en la franja de edad de 55 años y más. Estos riesgos contribuyen a que las personas con discapacidad tiendan a estar más expuestas a la pobreza, en particular en los países de ingresos bajos y de ingresos medios.

La protección social es fundamental para solucionar esas cuestiones, en especial las prestaciones de discapacidad, que son decisivas para garantizar la seguridad de los ingresos, promover el empleo y facilitar el acceso a servicios sociales, tales como la educación, la salud y el transporte público, así como a los servicios de apoyo, incluida la asistencia social, el cuidado infantil y el acceso a dispositivos de ayuda. Puesto que la protección social atiende las necesidades relacionadas con la discapacidad y otras necesidades, también contribuye a la consecución de los ODS y a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) de las Naciones Unidas, complementándolo con las normas internacionales sobre seguridad social.

Entonces es necesario que usted y yo le digamos a nuestro Presidente de México, que a él le corresponde establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado Mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad

Pero es fundamental que en México se cuente ya con el Registro Nacional de Población con Discapacidad, porque de esa manera López Obrador tendrá información más precisa que le permita instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas

En las 32 Entidades Federativas, los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de ser el Titular del Poder Ejecutivo estatal, deben instrumentar las acciones necesarias que permitan a todas las personas con discapacidad ejercer plenamente sus derechos, la cobertura de los programas debe ser universal, abarcar desde la infancia hasta la vejez.

En el caso de Nuevo León, el Gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, propone “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas, principalmente para los grupos prioritarios”, además de que sus políticas públicas como gobernador serán transversales en este tema.

Ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, hoy los adultos con discapacidad requieren de menos palabras por parte de los gobernantes y si de acciones que les permitan acceder a un empleo, entre otras cuestiones

Es necesario que el Estado ofrezca una protección social universal, la cual va contribuir a crear un círculo virtuoso mejorando el acceso a la educación, y con ello a un aumento del acceso de las personas con discapacidad al empleo productivo en el futuro. La inversión en sistemas de protección social inclusivos de personas con discapacidad benefician eventualmente al crecimiento económico. Excluir a las personas con discapacidad del mercado de trabajo y de la sociedad no solo es cuestión de derechos humanos, sino que también conlleva una notable pérdida de impulsores económicos.

Entonces señor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señores Gobernadores y señoras Gobernadores, el reto para ustedes es crear un sistema protección social universal que apoyara a las personas con discapacidad a acceder al empleo productivo y les permitiera ganarse la vida con autonomía en la comunidad.

Las personas con discapacidad son actores económicos aptos, a quienes se les debe reconocer sus competencias, por lo que hay fortalecer su acceso al mercado de trabajo.