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16 años: la impunidad prevalece en el caso de los periodistas Gamaliel López y Gerardo Paredes

Opinión
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EN NL el Código Penal sanciona hasta con 35 años de prisión a los responsables del asesinato de un periodista

Por Reyes Ramiro Gamez Barboza

Monterrey, México, Agencia de Noticias 3er Sector.- Hoy se cumplen 16 años de la desaparición del periodista Gamaliel López Candanosa y  su camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, empleados de Tv Azteca Noreste, pero al parecer los casos de desapariciones o ataques a periodistas en cualquier estado de México, a las autoridades lo que menos les importa es la justicia, ya que la impunidad prevalece.

En México, los dueños de las empresas de medios de comunicación, ordenan a la Sala de Redacción que se cubran los temas relacionados con la delincuencia organizada, pero lamentablemente a los directivos y a los periodistas no se les brindan medidas de seguridad al realizar la cobertura, ¿vale la pena que sigan arriesgando la vida?

En el caso de los colegas de Nuevo León, la entonces Procuraduría General de Justicia de Nuevo León tras recibir la denuncia el 13 de mayo del 2007 por la desaparición de Gamaliel y Gerardo, fue lenta en las diligencias. Incluso Luis Carlos Treviño Berchelman, que era el Procurador, se atrevió  a criminalizar a los periodistas, pero luego tuvo que recular su declaración.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el año 2008 emitió la Recomendación 59/2008 en la que se acreditaron conductas y omisiones violatorias a los Derechos Humanos de periodistas, por parte de servidores públicos adscritos a la PGJNL. Los servidores públicos incurrieron en violación a los derechos fundamentales al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la debida procuración de justicia, actualizada por omisión, toda vez que el Representante Social omitió efectuar diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, considerando que existía el indicio de amenazas previas en contra de uno de los reporteros agraviados. También consideró que se transgredieron en perjuicio de los familiares de los agraviados los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia. Además la PGJNL demoro un año para pedir la cooperación de las demás entidades en la búsqueda y localización de los periodistas.

Usted que me lee, lo invito a reflexionar esas veces que ha dicho “periodista vendido”, expresión que dice el público cuando lo escrito o narrado en una nota de delincuencia organizada no se citan los nombres de grupos delincuenciales o esos mensajes que dejan en las cartulinas. Claro me va decir que antes si se difundían, claro porque siempre se es veraz, pero cuando la veracidad implica el poder perder la vida, es que entonces en la Sala de Redacción se deben tomas medidas que aunque sean mínimas permitan sobrevivir un día más a mis colegas.

El Periodismo no requiere héroes, no, la sociedad requiere periodistas que tengan garantías para ejercer la labor de informar sobre cualquier tema de manera segura, ya que los periodistas cubren diversas fuentes, pero pues nunca falta el famoso, deportista o político que amenaza, y toda amenaza debe ser investigada.

Y en el tema de la delincuencia organizada, en la Sala de Redacción los jefes deben entender que el periodista solamente va informar, ya que vivimos en un país en donde el Estado no responde por sus ciudadanos, vivimos sin garantías, por lo que las investigaciones de esos hechos le tocarán a la policía.

Desde el Periodismo exigimos al Gobierno el garantizar el derecho a saber y la libertad de expresión.

Además el gremio ya no debe fomentar las estigmatizaciones, ya que hay quienes sueltan que un colega fue asesinado por “andar en malos pasos”, pero en México muchos de los asesinatos de periodistas han sido por su labor de informar.

En el caso de Gamaliel y Gerardo, las autoridades deberán lograr la justicia, ya que Nuevo Leónen julio de 2009 se reformó el Código Penal que sanciona hasta con 35 años de prisión a los responsables del asesinato de un periodista como consecuencia de su trabajo. Se incrementó en 10 años, de 25 a 35 años, la pena.