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Se necesita presupuesto para promover y garantizar los derechos de las Pcd NL

Opinión
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Accesibilidad en transporte público ya no debe demorar

Por Reyes Ramiro Gamez Barboza

Monterrey, México (Agencia de Noticias 3er Sector).- El próximo gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, durante la campaña al reunirse con personas con discapacidad que conforman el colectivo #DiscapacidadenNL, hizo el compromiso de crear el Instituto Estatal para las Personas con Discapacidad.

En el boletín de prensa del 28 de abril del 2021, se informaba que  el entonces candidato sostuvo una conversación con Maryangel García-Ramos Guadiana de Mujeres Mexicanas con discapacidad, así como con Claudia Patricia Martínez, Presidenta del Consejo Ciudadano para las Personas con Discapacidad, además de ciudadanos y ciudadanas que impulsan el desarrollo de la comunidad con discapacidad de la entidad. En esa ocasión García Sepúlveda planteó reformar la ley para la creación del Instituto Estatal para las Personas con Discapacidad y así facilitar un presupuesto.

Hoy que se comienza a configurar la agenda de trabajo para los primeros meses del próximo sexenio estatal, es necesario que las personas del colectivo #DiscapacidadenNL se acercan al próximo gobernador para que le recuerden su compromiso.

Para la existencia de la nueva dependencia estatal sería necesario saber si se va reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder incluir capítulos que permitan conocer el objetivo de dicho Instituto, cómo se va designar a la persona responsable de la Dirección de dicha dependencia, si va tener una Asamblea o Consejo Consultivo.

Además de garantizar un presupuesto que permita al nuevo ente gubernamental el promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ya que las personas que lleguen a laborar en ese instituto, pues entre sus funciones parece ser que tendrán la misión de socializar entre los servidores públicos estatales el contenido de la legislación, para lograr que el diseño y planeación de las políticas públicas sean transversales.

También a esa nueva dependencia le tocará coordinarse con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad para poder garantizar la accesibilidad en el transporte público, ya que la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad indica que del total de flotillas de unidades, el 20 por ciento debe contar con condiciones de accesibilidad, además de que a los concesionarios o permisionarios que adquieran ese tipo de unidades recibirán incentivos fiscales.

Por lo que para realizar todas esas tareas de promover los derechos de las personas con discapacidad, es necesario contar con un presupuesto que sea suficiente para la intensa difusión de los derechos de las personas con discapacidad entre el sector público y privado.

El próximo gobernador deberá proponer que el presupuesto para dicha dependencia cada año se incremente o permanezca igual, pero evitar se le hagan recortes presupuestales.

Otro tema que debe ser prioridad para quien le toca dirigir ese nuevo instituto, será coordinarse con el Poder Judicial y el Poder Legislativo para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, eliminar la interdicción, así como reformar el Código Civil y el Código Penal para desaparecer las palabras que estereotipan y discriminan a las personas con discapacidad, ya que el acceso a la justicia deben ser en equidad e igualdad de condiciones.

Hay ciudadanas como  Rosa Elia Morales Tijerina y Sylene Moreno Salcido que han presentado ante el Poder Legislativo iniciativas de reformas al Código Civil y al Código Penal, con la finalidad de garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia

Pero es necesario que el Poder Ejecutivo también se involucre en dicho tema, por lo que la oportunidad se abre con la creación del Instituto Estatal para las Personas con Discapacidad.

También es importante que el próximo gobernador escuche a las personas con discapacidad que tal vez no pertenecen a ningún colectivo ni OSC, pero que sus propuestas también son valiosas en el diseño de las políticas públicas transversales.

Sobre todo en el tema del derecho al trabajo, ya que muchas personas con discapacidad por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19  es que perdieron su empleo formal, hoy no han podido colocarse en nueva fuente laboral, por lo que para iniciar un emprendimiento en ocasiones se enfrentan a dificultades para acceder a los programas de apoyo estatales, por lo que García Sepúlveda junto con su equipo deben idear estrategias que fomenten la inclusión a los programas para emprendimientos, además de que el gobierno estatal sea ejemplo de inclusión laboral, ya que deben cumplir con que del total de la plantilla laboral de la administración pública, el dos por ciento de los puestos sean ocupados por personas con discapacidad.

También es necesario que en las dependencias estatales algunos de los servidores públicos tengan el dominio de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), para así brindar la atención adecuada a las personas con discapacidad auditiva y que son usuarias de LSM. Además se deberá contar con material en formatos accesibles y en Braille.

Nuevo León ya no puede perder otros seis años en que los derechos de las personas con discapacidad solamente quedan en papel, pero no se cumplen por la falta de presupuesto y políticas públicas transversales.